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Periplo Romano, el Socialismo no es fácil instalarlo en Venezuela

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La antigua Roma ha sido pródiga con el derecho, tanto para sí como el que trasciende hasta nuestros días. Como ninguna otra civilización, lo jurídico ha tenido un desarrollo sin parangón en la historia de la humanidad.
Y eso no porque fueran especialmente afectos al derecho. Se trataba de mentes prácticas, de soluciones aplicables, que en no pocas ocasiones persisten en su vigencia hasta nuestros días.
Ese pragmatismo romano no sólo se evidencia en las normas en sí sino también en las organizaciones y cargos jurídicos que crearon a lo largo de los once siglos de su existencia.

Quizás el cargo relacionado con el derecho de más curiosa evolución resulte, por su importancia, el del “prefecto del pretorio”, que a lo largo de cuatro siglos mutó de ser de naturaleza castrense a constituirse en la más alta magistratura jurídica del imperio. Fue un cargo típico de la época imperial, creado por Augusto y terminado de moldear por Constantino I.
Originalmente suponía, en términos estrictamente militares, ser el comandante de la Guardia Pretoriana, unidad creada por Augusto a usanza de las fuerzas militares que constituían en campaña la escolta de los generales romanos.
El prefecto era uno de los hombres de plena confianza del emperador, ajeno a cualquier otro tipo de subordinación militar que al mismo César. En todo su tránsito y cambios, dichos rasgos se mantendrían incólumes.
Debía instalarse en Roma cuando el emperador se hallaba en la ciudad y seguirlo cuando se desplazaba a otra parte, en tal caso acompañado de seis cohortes, cada una de unos 600 hombres, como sus fuerzas de protección. Se trataba de una unidad que hoy diríamos “de elite” que, por su cercanía al césar y la creciente inestabilidad política en Roma, acrecentó en el tiempo su poder, pasando de resguardar al emperador, directamente, instituirlo en no pocas ocasiones.
El praefectus praetorio era, además, uno de los cuatro con jurisdicción sobre la ciudad de Roma, junto al praefectus urbi, una suerte de intendente municipal, el prafectus annonae, encargado de supervisar el abastecimiento de la ciudad, de alimentos en particular, y el praefectus vigilum, una suerte de jefe de policía y de bomberos. Durante el imperio, la Guardia pretoriana llegó a estar comandada por hasta tres prefectos. El cargo se discernía de entre los miembros del orden ecuestre y desde Alejandro Severo confería el carácter de senador si no lo era. Su mando militar se extendió luego a todas las tropas que hubiera estacionadas en Italia, a excepción de las cohortes urbanae -lo que hoy sería la policía de Roma-.
A tales funciones de naturaleza castrense, adquirió jurisdicción sobre causas criminales, que ejerció, no como delegado, sino como representante del emperador. Este carácter luego se transmitiría a los reyes romano-germánicos a la caída del imperio y de allí a los reyes medievales: el ser, además de jefes supremos del reino, su máximo magistrado.
Tales funciones judiciales fueron in crescendo en el tiempo. En el año 331, Constantino decretó que las sentencias del prefecto del pretorio no podrían ser apeladas. Era lógico, si hablaba en nombre del propio emperador. Con Septimio Severo su jurisdicción se amplió para comprender también los casos civiles. El conocimiento de la ley se convirtió en una cualificación para el cargo, desplazando incluso los requisitos militares y, bajo los gobiernos de Marco Aurelio, Cómodo y Severo, tal posición fue ocupada por los principales juristas de la época. Jurisconsultos y hombres de referencia en el derecho tales como Papiniano, Ulpiano y Paulo, entre otros, ocuparon el puesto, que se convirtió en el que sabios del derecho tuvo, incluso sobre el puesto de pretor.
Dicho traspaso de la órbita militar a la civil y jurídica culminó con Constantino I, quien quitó las funciones militares, y lo mantuvo como el funcionario de más alto nivel civil del imperio.
Luego de la caída de éste, el rey ostrogodo Teodorico el Grande lo mantuvo, al igual que gran parte de la organización administrativa romana.
Como puede verse, al observar ese largo periplo de mutaciones en un amplio periodo histórico, no se trató de cambiar por cambiar sino de adaptarse a las cambiantes circunstancias que los tiempos, cada vez más críticos para el imperio, demandaban. Por eso, más allá de maravillarnos con la capacidad de transformar instituciones propias de los romanos, el caso del Prefecto del Pretorio bien representa una muestra cabal de ese pragmatismo y capacidad de adecuación que ha hecho que mucho del derecho de los romanos aún siga vigente en nuestras actuales leyes. En un rincón de la biblioteca yacía una carpeta extraña que no figuraba en los registros de la memoria. Al repasar su contenido reapareció un conjunto de recortes y apuntes sobre la carrera armamentista y las eventuales consecuencias de una guerra de carácter nuclear con alcance mundial.
La cuestión, que preocupaba a todos, hizo que en medio de las complicaciones de la Guerra Fría se organizara, con el auspicio de la Nuclear Freeze Foundation (fundación para la congelación de las armas nucleares), una jornada extraordinaria presidida por los senadores estadounidenses Edward Kennedy y Mark Hatfield, de notable trayectoria en organismos anti armamentistas.
En la reunión de marras, celebrada en Washington el 8 de diciembre de 1983, sus principales relatores -cuatro científicos estadounidenses y otros tantos soviéticos- se comprometieron a trabajar a destajo en favor del desarme mientras explicaban, ante un estupefacto auditorio, los posibles escenarios de una guerra nuclear en la que estallan bombas por un total de 5.000 megatones.
La explosión representaba la utilización de un tercio o la mitad de los arsenales estratégicos, por ese entonces, en poder de Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que no constituían ni mucho menos -según Carl Sagan- “la peor de las guerras nucleares imaginables.”
Ahora, esto prosigue, pero, concluyendo, hace falta voluntad política, desarrollar capacidades técnicas y políticas, inversión y también un cambio cultural (dentro y fuera del Estado). Y los ciudadanos debemos exigir más transferencia y más rendición de cuentas. Y juzgar con vehemencia a aquel que lo hace mal y a aquel que por inercia y picardía no dice nada de lo que hace y pasa desapercibido, sin letra de molde.
Todos necesitamos saber quiénes nos gobiernan. Es inadmisible que haya gobiernos que aún renieguen de publicar sus “Protocolos” o “Declaraciones Juradas”. Necesitamos que los gobiernos firmen su contrato de gestión con los vecinos; más y mejores planes de gobierno porque sólo se puede rendir cuentas sobre lo que se propone como objetivos y metas.
Es inamisible también que hoy en Venezuela, sean contados con los dedos de una mano los gobiernos (por lo general locales) que tienen planes de metas de gobierno.
Tampoco se trata de “infoxicarnos”, intoxicarnos con la sobreabundancia de información que se vuelva censura. Algunos creen que publican mucho, pero en verdad no dicen nada. Esos en realidad publicitan (sí, con dinero) mucho.
Las presiones seguirán bajo un criterio, veremos, donde está la traición.
China, Rusia, El Vaticano , Roma, Francia, Colombia y Chile tienen una agenda en común con Latinoamérica.

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