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Malversación de fondos en el Cono Sur

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La Tecla Fértil
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La malversación de fondos y corrupción en el país hacia algunos conceptos económicos es grave y, rompe con los derechos de justicia, inclusión y equidad y derechos humanos que se merece el pueblo venezolano, como extranjero que tiene fijada su residencia en nuestro país. Donde se evocan las peores prácticas ocultas del santerismo y de las bellas intenciones que podamos tener hacia el beneficio del Estado Bolivariano de Venezuela.
Es el momento de revertir el deterioro social y económico con trabajo, dejando atrás la regaladora de bonos. , hay que dejarse de reproches y actuar para cerrar e invertir el ciclo de deterioro social como económico que tenemos. Es el momento de una reparación institucional, donde la repuesta de cada ministerio debe ser muy conclusiva.
Eso, de mandar por decretos, aunque necesario, nos lleva a un aislamiento del pueblo sobre realidades de su contexto geopolítico y territorial.
Sin embargo, no es suficiente para borrar el aire de familia entre aquellas prácticas del gobierno anterior y las del actual. Estas no son resultado del azar, sino de una cultura política compartida a la que yo llamaría “la cultura política del adversativo”, cuya frase clásica - “roba, pero hace”- se modula en infinidad de variantes siempre con la misma estructura.
.En ellas, la aceptación de que una conducta es inadecuada o directamente ilegal (ser corrupto, evadir impuestos, emplear en negro) es inmediatamente relativizada por una sentencia posterior (“pero es buena persona”, “pero es eficiente”, “pero genera empleo”). Habitualmente, la primera afirmación es objetiva y la segunda, subjetiva, o, en todo caso, la primera es la más fuerte y la segunda, la más débil: si una práctica ilegal, es algo que podría ser demostrado, el carácter de “buena persona”, tantas veces invocado en estos días, no es más que una declaración subjetiva, difícilmente comprobable. El derecho de utilizar frases adversativas de este tipo, por lo demás, es exclusivo de quien ejerce el poder: solo el poderoso tiene la potestad de absolver por el incumplimiento de una norma o de una ley argumentando una supuesta virtud del infractor; para los demás ciudadanos tal posibilidad no existe.
Muchas veces la exculpación se sostiene en un argumento estratégico según el cual la sanción de la conducta indebida no resulta conveniente porque con ella se beneficia a un antagonista o porque se balancea el daño producido con la utilidad de las prestaciones que provee el mismo agente que lo produjo. Así, no se exige la renuncia de un ministro que viola a la vez la ley y los valores porque ello sería “hacerles el juego” a “los corruptos” con los que aquel debe negociar o porque “es muy eficiente en su tarea”. La subordinación del razonamiento moral y del imperio de la ley a la estrategia política contribuye a destruir lo que es común y necesario para todos a cambio de favorecer lo que es útil para algunos.
La anomia latina, la escasa voluntad de nuestra sociedad por cumplir con la ley, que Carlos Nino describió con precisión y crudeza hace más de 35 años, no hace más que exacerbarse cuando la ciudadanía escucha que desde el poder se relativiza la conducta anómica con argumentos pobres, que solo pueden tener un efecto en la realidad porque son pronunciados por quien tiene el poder de sancionar o disculpar, pero no la razón para persuadir. Pero, además de dar legitimidad a la anomia, esta práctica refuerza la tribalización de la sociedad, alineando en veredas opuestas a quienes son parte del grupo del poder y aceptan las explicaciones, y a quienes son parte de la oposición y las rechazan.
La cultura política democrática, que exige que todos los ciudadanos sean libres e iguales y que la sociedad sea un sistema justo de cooperación, es sustituida por la defensa de los intereses de un grupo cuyos miembros dejan de ser iguales a los otros, y pasan a gozar de derechos que no comparten con el resto de los ciudadanos.
Así, la acción de gobierno pierde legitimidad, ya que su fundamento democrático radica en que todos confían en que también los demás se subordinen al imperio de un conjunto definido de leyes y de reglas, cuya vigencia no puede en ningún caso ser relativizada mediante la introducción de una sentencia adversativa gracias a la cual los poderosos establecen las razones por las que algunos quedan exculpados en caso de incumplimiento. En términos de John Rawls, los ciudadanos implicados en las actividades políticas tienen un deber civil que los obliga a justificar sus decisiones solamente a partir de valores y normas públicos, objetivos y compartidos. En cuanto los gobernantes introducen el adversativo en la argumentación comienzan a recorrer el camino que hace que la función pública deje de tener por fin el servicio del bien común y se convierta, contra todo propósito inicial, en un fin en sí mismo, porque los únicos “valores públicos” a los que es posible recurrir para justificar una decisión deben estar relacionados con aquellas exigencias de la cultura política democrática, es decir, con la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos y con la imparcialidad de los términos de la cooperación social.
Pero cambiar la sociedad exige cambiar radicalmente esa cultura política. La clase dirigente debe comprender que, si las desigualdades de nuestro país resultan moralmente insoportables, económicamente insostenibles y políticamente aberrantes, el mantenimiento de privilegios por parte del poder -económico, político- lesiona profundamente la idea misma de comunidad, la posibilidad, ya precaria y sumamente lastimada, de construir un espacio público de calidad en el que los ciudadanos puedan encontrarse unos con otros, intercambiar sus opiniones y debatir sus diferencias, en la búsqueda de soluciones colectivas a los problemas comunes. Y ese espacio público no hará más que seguir deteriorándose si en él los argumentos de quienes ejercen el poder siguen fundándose sobre los adversativos. Ese uso del lenguaje refuerza aquellos privilegios, cancela la deliberación pública y alinea a la sociedad en posiciones confrontativas, además de estimular la propensión a la indiferencia respecto de la ley. La cultura política del adversativo es, en definitiva, contraria a la cultura política democrática a la que aspiramos
“La política está muy enferma en América Latina”; refirió el Sumo Pontífice sobre recientes casos de corrupción que salpicaron a diferentes líderes de la región. Sobre Perú, manifestó: “¿Qué pasa que cuando uno deja de ser presidente lo meten preso?” Durante un encuentro con obispos peruanos, Francisco esbozó una lapidaria frase sobre la corrupción en América Latina. “La política está enferma, muy enferma”, consideró el Pontífice, al deplorar los estragos de la corrupción. Se puede decir que “en gran parte” de Latinoamérica, “la política está enferma, muy enferma”.
La Argentina viene, en este tiempo, a demostrar que dispone de tecnología nuclear actualizada de primer nivel. La venta de un reactor nuclear de investigación a Países Bajos es la última manifestación de exportación de una capacidad científica y tecnológica relevante que merece ponderación por representar el desafío estratégico de un sector específico de alcance geopolítico que, con perseverancia en la investigación técnica y constancia de política exterior, muestra resultados destacados en un ámbito diplomático delicado y sensible, y comercial de gran competencia tecnológica internacional. Invap, dedicada al diseño y la construcción de sistemas tecnológicos complejos, sigue siendo la empresa que testimonia de manera concreta, en el campo nuclear, como en el satelital, entre otros, que la Argentina dispone de un alto valor agregado científico-industrial que es importante seguir estimulando y proyectando
El presidente Chávez, trajo a Venezuela un amplio espectro tecnológico, pero, dichos programas se encuentran detenidos por efecto de la corrupción. Hay demasiadas contiendas públicas sobre una política de Estado que se mantiene inalterable por más que se sucedan gobiernos de distinto signo político: los juicios por delitos de lesa humanidad
El presidente Maduro, debe revisar estos programas. De a poco se empieza a perder el miedo de hablar de lo que estuvo vedado durante mucho tiempo, a riesgo de sufrir bullying, particularmente desde las redes sociales y ciertos ámbitos políticos: la virulenta violencia política de las setenta previas al terrorismo estatal que, lejos de haber sido heroica, no tiene nada que envidiar a los salvajismos actuales de Estado Islámico. Historias de otros gravísimos sufrimientos que las nuevas generaciones desconocen porque no sólo se silenciaron casi por completo en la vidriera pública,
No olvidemos, las colas bancarias y en supermercados.
Las políticas de Estado, son muy cuestionadas, pero como le gusta la gente que le den bonos y entrar en el negocio del bachaquerismo, y a los funcionarios públicos recibir coimas. Argentina tiene históricamente en su clase dominante el ancla de su estancamiento, porque actúa en su propio beneficio aun cuando vaya en contra del desarrollo interno y nacional. Allí, tenemos los costos de la inflación
. Y en ese sentido vienen los golpes a los gobiernos democráticos, cuando se tocan intereses celosos, aparecían los uniformes con la gran clase dominante económica nacional.
Ahora bien, ¿qué hacemos cuando alguien que por sus grandes capacidades y movilización de capitales capaz de hacer grandes contribuciones a las arcas del Estado no lo hace? Es la corrupción en su estado pre-estatal. El capital que debería ser declarado y contribuido al estado en calidad impositiva no llega a serlo.

 

 

 

 

 

 

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