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EEUU y su intervencionismo en Latinoamérica, el aborto y la fertilidad femenina

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Fusión y Convivencias
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Los movimientos feministas crean un criterio propio sobre el tema de las mujeres embarazadas y las industrias farmacéuticas y transnacionales a través de una campaña mediática despliegan fuerzas para asentar datos históricos y donde debe prevalecer la diferenciación sexual entre las diversas etnias, van más allá de la intimidad de la mujer y su credo religioso para desafiarla y crear una perspectiva de género de cierto nivel democrático para fomentar bases de desarrollo en el tema de cientificidad, en el debate y de acceso a las personas en el carácter del aborto.
Acá, no puede faltar la interpretación que dan, los derechos humanos. Hay dos criterios de base, en lo jurídico y social.
Entonces hay, por un lado, una discusión jurídica, pero, por otro, hay toda una discusión de libertad de conciencia: si una mujer considera que abortar es un crimen, que no aborte, ¿quién la obliga? El aborto es un recurso al que se accede de manera voluntaria. Si te obligan a abortar y contra tu voluntad, eso es un delito, pero si tú eliges abortar: ¿a quién, de los ciudadanos que te rodean, afectas? Por esto, hay una discusión jurídica, hay una discusión ética y el planteamiento feminista lo expresa muy bien el jurista italiano Luigi Feragoli cuando dice que existe el derecho a una “diferencia sexual”. Si el proceso de concepción, gestación y parto se lleva en el cuerpo de una mujer pues es un derecho de la mujer. Si una mujer quiere tomar la decisión acompañada del hombre que la embarazó me parece muy bien, pero en última instancia la decisión es de ella.
Jurídicamente, éticamente y desde el punto de vista feminista, entonces, el aborto sí es un derecho. El Estado tiene que garantizar, para cumplir el derecho, un servicio médico gratuito y seguro –como en la Ciudad México. Pero hay una discusión muy interesante: en la Ciudad de México el límite es de 12 semanas, cuando en Inglaterra es de 24 semanas. Estamos discutiendo en México 12 semanas, cuando otros países tienen 20 o 24 semanas y cuando en lugares como en Francia o en China la pastilla para abortar te la tomas en tu casa, sin tener que pedirle permiso a nadie, y luego nada más regresas con tu médico a ver que todo haya salido bien. Se trata de dejar en las mujeres una decisión en su intimidad. Por tener los medios tan controlados en este país, no ha habido un debate como lo hubo en Italia, donde despenalizaron el aborto en 1978 (con todo y El Vaticano), porque hubo un debate público durante un año y todas las televisoras y todas las radiodifusoras ponían a la gente a favor y a la gente en contra a discutir el tema, por lo que la sociedad se convenció.
Esto sucedió 30 años antes que en México y la diferencia la determinó una sociedad democrática, un debate público abierto y plural y unos medios de comunicación no controlados –como en México– por un solo grupo con una sola tendencia ideológica.
En la década de los 70, en Estados Unidos de Norteamérica se expandió en el escenario político transnacional un conjunto de ONGs, y grupo de activistas que se denominaron colectivos y en este marco de referencia, Pro-Vida que tenían y tienen como finalidad erupcionar en los espacios públicos para dar origen, como grupo de protesta en oposición a la legalización y despenalización del aborto. Así, logro infiltrarse estos proyectos y programas con mayor incidencia en países como México, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil. Con el paso tiempo, la emergencia y conformación de grupos pro-vida en distintas partes del mundo dio paso a la creación de una red transnacional de activismo antiabortista que trasciende a las fronteras políticas de los Estado-Nación y cuyos protagonistas se encuentran vinculados, en su mayoría, a la Iglesia Católica. Se trata de una red transnacional de activistas que comparten un discurso, un propósito y una identidad política en común cual es la defensa de los derechos jurídicos y personales de los fetos y embriones desde el momento de la concepción. Tanto en el plano local como internacional, los grupos pro-vida se movilizan con en el objetivo de contrarrestar las agendas políticas del feminismo.
Sin duda, a las transnacionales se les agregan Las Corporaciones y empresas de maletín que tienen en su portafolio de trabajo crear barricadas y tumultos de muertes, donde las victimas son mujeres dedicadas al trabajo social.
El Vaticano y los episcopados hallaron en el protagonismo desplegado por estos colectivos un aliado principal para oponerse a las demandas de legislación del aborto en el mundo. El crecimiento que estos grupos han experimentado en los últimos tiempos y su derivación en una red solidaria de activismo transnacional guarda relación directa con las transformaciones estratégicas que el catolicismo ha realizado a nivel de la praxis política y la implementación de nuevos formatos de la acción colectiva en la esfera público-política.
En el plano de lo discursivo, una de las principales características y particularidades que hace a la identidad de los grupos pro-vida es la proyección de un discurso político antiabortista complejo que supone el entramado de dogmas religiosos acerca de la sacralidad de la vida humana naciente y elementos de orden secular con base en presupuestos epistemológicos científicos y bioéticos de referencia a los no nacidos como personas jurídicas y sujetos de derecho desde la concepción.
El feminismo es una concepción y una excusa de lucha, se propone abordar la irrupción y el protagonismo de las redes transnacionales del activismo pro-vida y su relación con la Iglesia Católica en la conformación de una batalla mancomunada en contra de las demandas y el accionar de las organizaciones feministas por la legalización del aborto en el mundo. En un primer lugar, el ensayo pone el foco de atención en la emergencia de los grupos pro-vida como uno de los fenómenos socio-político más significativo del catolicismo de los últimos tiempos, sus orígenes en los Estados Unidos en la década de los ’70, su expansión por Latinoamérica y el mundo, así como su conversión en una red de activismo antiabortista que opera a nivel transnacional.
Cabe preguntarse, el doble juego del Vaticano. Su perfil entre el derechismo y el izquierdismo y su protagonismo en Nicaragua y Venezuela, donde se habla de paz y hay una buena carpeta de fallecidos por la violencia en ambos países y un manto de religiosidad que cubre ambas rutas políticas, porque la interpretación del Socialismo en el binomio Ortega- Morillo es muy diferente a la ilación Maduro- Flores. Son gestas históricas muy distintas.
En segundo lugar, se analiza la retórica discursiva de los grupos pro-vida y el modo en que estos construyen sus argumentos antiabortistas con base en la producción de conocimientos provenientes de los centros de formación e investigación en bioética católica. Por último, el trabajo presta especial interés a las formas en que la Iglesia Católica y los grupos antiabortistas pro-vida entrelazan el discurso bioético católico a la memoria del Holocausto para entablar contigüidades y similitudes entre el aborto y los crímenes cometidos en los campos de concentración durante la Alemania Nazi.
Hay un gran silencio, la de los partidos políticos La discriminación y la desigualdad sigue siendo la norma en todo el continente. La región sigue sufriendo los estragos causados por las olas de la violencia, cada vez más altos, donde la impunidad prosigue en su generalización y sus políticas demonizadas. Donde los pueblos indígenas ven negados sus derechos sociales y políticos, como en el caso de La Patagonia. Donde se incluye el derecho a la cultura y sus tierras, donde, todos los proyectos de la gobernación municipal y distrital les afectan y, lo más grave, sus mujeres son obligadas a abortar
La impunidad sigue siendo generalizada y las políticas de demonización y división se intensificaron. Los pueblos indígenas sufren discriminación y prosiguen negándose sus derechos económicos, sociales y culturales, incluido su derecho a la tierra y al consentimiento libre, previo e informado sobre los proyectos que los afectaban. Fueron pocos los avances de los gobiernos en la protección de los derechos de las mujeres y las niñas, así como de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
En muchos países había peligro de que la regresión se volviera endémica. Este retroceso agravaba además la desconfianza hacia las autoridades (que se manifestaba en los bajos niveles de participación en elecciones y referéndums) e instituciones como, por ejemplo, los sistemas nacionales de justicia.
En lugar de emplear los derechos humanos como una forma de lograr un futuro más justo y sostenible, muchos gobiernos volvieron a recurrir a tácticas represivas: hacían un uso indebido de las fuerzas de seguridad y los sistemas de justicia para silenciar la disidencia y las críticas, permitían que quedara impune el uso generalizado de la tortura y otros malos tratos, y gobernaban en un contexto de desigualdad, pobreza y discriminación descontroladas sostenidas por la corrupción y por las carencias en materia de rendición de cuentas y justicia.
Entre los factores que también contribuyeron al importante retroceso de los derechos humanos figuraron la serie de órdenes ejecutivas emitidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump —entre ellas una que pasó a conocerse como “la prohibición de entrada a los musulmanes, y los planes del mandatario para construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Pero, al final desde la concepción Nación- Estado tiene razón, pero quien, impulso las muertes de Sadam Hussein y Muhammar Gadaffi, quienes controlaban las tribus en el África.
La violencia extrema y persistente es habitual en países como Brasil, El Salvador, Honduras, México y Venezuela. La violencia en toda la región se ve con frecuencia alimentada por la proliferación de armas pequeñas ilegales y por el crecimiento de la delincuencia común organizada en colectivos y ONGs. La violencia contra las personas LGBTI, contra las mujeres y las niñas y contra los pueblos indígenas es generalizada.
Según un informe de la ONU, América Latina y el Caribe siguen siendo las regiones más violentas del mundo para las mujeres, pese a las estrictas leyes existentes para hacer frente a esta crisis. La región tenía la tasa de violencia no conyugal contra las mujeres más alta del mundo, y la segunda tasa más alta de violencia conyugal. Poco ha cambiado, a pesar de una Comisión de Derechos Humanos
México registró una ola de homicidios de periodistas y personas que defendían los derechos humanos. Venezuela afrontaba la peor crisis de derechos humanos de su historia moderna. Los homicidios de líderes y lideresas de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en Colombia dejaron al descubierto las limitaciones de la implementación del proceso de paz en ese país.
Los y las activistas de los derechos sobre la tierra eran blanco de violencia y otros abusos en muchos países. La región seguía padeciendo un aumento alarmante del número de amenazas y ataques contra quienes defendían los derechos humanos, lideraban a sus comunidades o ejercían el periodismo, unas amenazas y ataques que se ejercían mediante, entre otras cosas, el uso indebido del sistema de justicia.
Y ahora es el aborto.
En enero, dos días después de la celebración de manifestaciones multitudinarias en todo el planeta en favor de la igualdad y contra la discriminación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en peligro la vida y la salud de millones de mujeres y niñas en todo el mundo al reinstaurar la denominada “regla de la mordaza global”. Dicha medida bloqueaba la asistencia financiera estadounidense a cualquier hospital u organización que proporcionara información o acceso a abortos seguros y legales o defendiera la despenalización del aborto o la ampliación de los servicios relativos al aborto.
Sólo en América Latina (donde los expertos estimaban que 760.000 mujeres recibían tratamiento cada año por complicaciones derivadas de abortos en condiciones de riesgo), la postura del presidente Trump ponía en peligro muchas más vidas.
En Argentina, las mujeres y las niñas tenían dificultades para acceder a un aborto legal cuando el embarazo suponía un riesgo para su salud o era consecuencia de una violación; la despenalización total del aborto estaba pendiente en el Congreso. En Uruguay era difícil acceder a servicios de salud sexual y reproductiva en las zonas rurales, y las personas que por motivos de conciencia no practicaban interrupciones del embarazo seguían obstruyendo el acceso a abortos legales.
En octubre, el Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay emitió una resolución que prohibía incluir en el material educativo información básica sobre los derechos humanos, educación sobre salud sexual y reproductiva y diversidad, entre otros temas.
En Bolivia (donde los abortos en condiciones de riesgo eran una de las principales causas de mortalidad materna), se reformó el Código Penal para ampliar significativamente el acceso al aborto legal.
En Ginebra, se hicieron reuniones claves para fortalecer nuevas propuestas, nuevos planteos, pero a pesar de lo vinculante y el conjunto de planteos, las empresas multinacionales vienen cometiendo violaciones de derechos humanos hacia la mujer embarazada y, por supuesto, la impunidad esta en cada territorio y solo lo defienden, algunos testimonios que, con el consentimiento de las comunidades imponen ciertas actividades económicas, donde participan mujeres, las autoridades de la Unión Europea lo saben, al igual que muchos presidentes latinos, la presión es fuerte, y necesitan un programa rector unitario para defender ese territorio y los derechos de los pueblos, sobre todo el estado de las mujeres en gravidez.
Explica Karin Nansen. Activista uruguaya, "es hora de avanzar con un instrumento vinculante", dado la urgencia de la situación actual en América latina y el mundo: "Estamos viendo como las violaciones de derechos humanos se están recrudeciendo y la persecución también de quienes defienden sus territorios y los derechos de los pueblos es cada vez más atroz".
Un ejemplo típico es la red de supermercados Hiperlíder que, mantiene una cola diaria de 1600 personas, fuera de los militares y cuerpos policiales por cuatro a dos paquetes de harina diarias, ante una Nación- Estado que posee en su haber trece- 13- molineras de maíz y registra una deficiencia alta en el suministro de alimentos.
La historia es perturbadora, estas corporaciones transnacionales proyectan, la campaña de esterilizaciones quirúrgicas como método anticonceptivo, promovida por los gobiernos locales, y su orientación como política de Estado hacia mujeres pobres e indígenas en zonas rurales, a las que se intervino a menudo sin su consentimiento. El estudio también procura entender la reacción de algunas voces que se alzaron desde la prensa, la política, la Iglesia católica y los médicos.
Las compañías farmacéuticas promueven el aborto y el acceso de la mujer a métodos de planificación familiar. Para esto, hay suficiente documentación y en cada folio puede verse la presencia del gobierno norteamericano con un equipo de asesoría, donde se cuenta a médicos, el movimiento eugenésico, activistas sociales, organizaciones transnacionales, usuarias de anticonceptivos, mujeres a favor del aborto, compañías farmacéuticas, líderes militares y la Iglesia católica. El gobierno de Alberto Fujimori recibió mucho de esta asesoría, así, como sus aliados. Acá en América Latina, durante la Guerra Fría, muchos expertos aliados sacrificaron niños en sus etapas embrionarias y, los cuales, institucionalizaron la planificación familiar.

 

 

 

 

 

 

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