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Lo digital en el desarrollo industrial y el no cumplimiento de la seguridad jurídica

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La digitalización es fundamental para acelerar el crecimiento económico del país, condición indispensable para reducir la pobreza, mejorar las condiciones de vida y avanzar en igualdad de oportunidades. Hoy, los factores que explicaron el crecimiento económico de los últimos años (incorporación masiva a la fuerza laboral, precios favorables de los productos de exportación y alta inversión en capital fijo) no existen. Ahora el crecimiento depende de nuestra capacidad de avanzar en eficiencia y productividad, no hay desafío de política económica más importante, que el aumento de la productividad como motor de crecimiento. Para lograrlo, la transformación digital es la clave.
La industria continuará con su apoyo decidido al emprendimiento digital, a través de su patrocinio y participación en clusters de innovación: nuevas estrategias que apunte a que haya un ecosistema de desarrollo e innovación que impulse la apropiación digital y el fomento de las habilidades de nuestros ciudadanos y empresas.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de hacer pública su revisión de las perspectivas económicas para América Latina. Estima que la tasa de crecimiento anual de la región registró un virtual estancamiento en 2019, ya que considera que apenas ascendió 0,1%. No obstante, prevé que se dará una recuperación y que el crecimiento anual del Producto Interno Bruto regional será de 1,6% en 2020 y de 2,3% en 2021, que estará fundamentado en el mayor crecimiento de la economía mundial, en un mejoramiento en los precios de los productos básicos, en una menor incertidumbre sobre los conflictos comerciales internacionales y en estímulos monetarios para acelerar la demanda agregada.
Claro, espera que los países busquen un nuevo discurso y modelo político y económico.
Hay un reprochable comportamiento de un grupo de agentes fiscalizadores en el país que no cumplen con garantizar, suministrar, mantener y restablecer el orden interno del país en cuanto a la seguridad patrimonial, alimentaria y ayuda a la comunidad, son como funcionarios represores y no investigan, combaten y controlan las fronteras y cuadrantes de paz.
Por tal motivo, se requiere con urgencia que se aprueben las iniciativas legales para empoderar a los organismos fiscalizadores con el fin de que se haga un trabajo adecuado y, de esta manera, evitar el vandalismo de la ciudad. El Ministerio del Interior debe enfocarse en la más importante iniciativa para mejorar el desempeño de la Policía Nacional Bolivariana y su imagen en la sociedad con la anunciada aprobación del decreto de urgencia que regulará el pase al retiro de agentes por falta de idoneidad para desarrollar su trabajo cotidiano. A su vez, darle credenciales a los asistentes que van hacer auditorias, por ejemplos, en los CLAPS, porque hay un ordenamiento legal y jurídico que impiden el acceso de personas a los hogares que no estén autorizados para tal fin.
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Para alcanzar estos propósitos, la buena imagen pública de la Policía y los funcionarios institucionales es vital, pero esta es dañada por malos agentes que no dan respuesta oportuna y efectiva a los problemas de la seguridad y asistencia ciudadana.
Los agentes aduanales y personal de los CLAPS e instituciones públicas constituyen una pieza fundamental del Estado. No actuarán en forma más eficiente si sus miembros no gozan de la confianza de la población. Estamos seguros de que con las medidas que se adoptarán a futuro, la institución estará más fortalecida para combatir la delincuencia, el crimen organizado, así como para prestar ayuda a la comunidad cuando algún asistente de los CLAPS abra las cajas o, no coloque en las mismas, los alimentos necesarios
Hay escenarios que presentan un gran desafío y también traza el reto de como una sociedad debe afrontar algunas realidades, el reto es como persuadir a la mayoría de ciudadanos para que alcancen su propio desarrollo en el corto y mediano plazo, así como también de la colectividad nacional.
El Fondo Monetario Nacional, siempre estará presente en cada país del mundo, bajo los acuerdos prescritos en la ley.
* Escrito por Emiro Vera Suárez, Profesor en Ciencias Políticas. Orientador Escolar y Filósofo. Especialista en Semántica del Lenguaje jurídico. Escritor. Miembro activo de la Asociación de Escritores del Estado Carabobo. AESCA. Trabajo en los diarios Espectador, Tribuna Popular de Puerto Cabello, y La Calle como coordinador de cultura. ex columnista del Aragüeño

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